Ni siquiera se molestan en revisar la matemática básica, y el total de 100 puntos resultan que son 125. Los múltiples «no consta» son falsos, claro que constaban, por eso es mejor no entregar el expediente administrativo. Decir que mi investigación era escasa… hay que tener muy poco vergüenza ¿Alguien puede defender que 5 años de licenciatura, tres de DEA, seis de tesis doctoral y cuatros años de experiencia posdoctoral sean “baremados” de semejante manera? ¿No es esto un insulto inadmisible a los investigadores e investigadoras y a la universidad pública española? Es la ceremonia de la humillación. Los tribunales de las plazas no se contentan con inflar la baremación de la persona beneficiaria del dedazo, además otorgan baremaciones humillantes a los candidatos y candidatas «ajenos». Es la forma preventiva de descalificación ante la posible reclamación. Parece ser que en la Universidad Rey Juan Carlos no consideran necesario establecer unos criterios de evaluación y una baremación de los candidatos y candidatas a partir de ellos. ¿Para qué van a perder el tiempo en crear y manipular toda la documentación del procedimiento (obligatoria por ley) cuando el resultado, el dedazo, va a ser el mismo? Se ahorran el papeleo. Este es el nivel de impunidad de sus actuaciones.

Decido interponer contencioso administrativo. Las demandas se instruyen por separado, dos de ellas se unifican y la tercera se deriva al juzgado de lo social, todavía en proceso. En el procedimiento de las dos plazas unificadas, a pesar de solicitar nuevamente el expediente administrativo completo, la universidad no lo facilita. El juzgado lo solicita en diversas ocasiones, la universidad no lo entrega. Ahora va lo increíble: se dicta sentencia sin que la universidad haya facilitado el expediente, es decir, no he tenido acceso a los CVs de los candidatos y candidatas, ni a sus justificaciones de méritos. Pues bien, mi demanda fue desestimada en primera instancia. Aunque el Tribunal Supremo dictara que “discrecionalidad no es arbitrariedad”, lo cierto es que en la gran mayoría de los procesos los juzgados aceptan las explicaciones peregrinas que las universidades inventan para justificar las irregularidades como “discrecionalidad técnica”.

Me parecía tan, tan, tan grave que hubiese una sentencia que dijera que un tribunal podía designar una plaza sin criterios de evaluación y sin baremación, que apelé la sentencia. Gané la apelación. La sentencia, ya firme, indica lo evidente, que no se puede designar una plaza sin criterios de evaluación y que la baremación tiene que evaluar los méritos de los candidatos a partir de esos criterios. Y que en este caso no hubo ninguna de las dos cosas. Es imprescindible reflexionar que, ante un caso tan grave, se ignore la reclamación a la universidad (por supuesto sin comisión de reclamaciones tampoco), y se pierda el procedimiento en primera estancia. Que tenga que venir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a decir, insisto, lo evidente.

La sentencia concluye que la designación es nula y los contratos son nulos. La universidad tiene que anular ahora dos contratos iniciados en 2019. ¿Va a acatar voluntariamente la sentencia y a anular los contratos? Ya ha pasado un mes de los dos que tiene para hacerlo y no tenemos ninguna notificación al respecto. Me pregunto ¿el Ministerio de Universidades no tiene nada que decir al respecto en estos casos? ¿No hay inspecciones de trabajo ante estas irregularidades? ¿Nadie va a comprobar el número de plazas que se han adjudicado siguiendo estas mismas prácticas? Los departamentos de la universidad pública no pueden seguir siendo cortijos de señoritos que se los apropian, que compran lealtades cuando no recompensan esclavitudes con las plazas a concurso; el fraude de ley de los profesores asociados es la otra pata de este desastre.

En la vista oral de la tercera plaza, todavía judicializada (sorpresa, la universidad sigue sin entregar el Cv de la persona adjudicataria), que tuvo que suspenderse, el abogado de la universidad comentó que no entendían mi “pretensión” con la demanda. No les cabe en la cabeza que alguien inicie este procedimiento porque no supone un beneficio personal. Le contesto desde aquí: mi pretensión es defender la universidad pública. Pero la publicación de estos casos no tiene ninguna repercusión. La Universidad Rey Juan Carlos no va a apresurarse a cumplir la sentencia (ha pasado un mes de los dos prescritos para que la acate de forma voluntaria), porque no va a recibir ninguna presión para que lo haga. Este post no lo va a leer nadie y yo le terminaré borrando. La reacción es la de comprobar una vez más lo que todos y todas sabemos y volver con aquello de la endogamia.

En el mismo momento de esta «baremación», la Comisión Europea me notificaba que había obtenido una Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship. Elegían mi proyecto de investigación para desarrollarlo a lo largo de dos años en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mi calificación en la convocatoria fue de 97/100, aproximadamente en el puesto 60-70 de más de 1300 propuestas en el panel de Ciencias Sociales y Humanidades. Ganaba una beca europea de un programa de excelencia investigadora que valoraba muy positivamente mi CV. Pero a la Universidad Rey Juan Carlos todo esto le da igual, porque no tiene ningún interés en conocer y valorar los méritos de los candidatos y candidatas. Porque las plazas ya tenían nombre. Y para qué van a perder ellos el tiempo en acordar unos criterios de evaluación y realizar unas baremaciones que luego tienen que manipular para materializar el dedazo. Se lo ahorran. Este nivel de impunidad es un escándalo. Y no es solo endogamia, es también prevaricación.

Lourdes Monterrubio Ibáñez