Obtuve un contrato Ramón y Cajal, dependiente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en la convocatoria 2022. Lo había solicitado con el Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Mi relación con el grupo de investigación CINEMA, perteneciente a este departamento, se remonta a varios años antes. Me invitaron a formar parte de un proyecto nacional (2022-2025) como investigadora internacional y acepté. Me invitaron a participar en un libro, resultado de un proyecto anterior, y acepté. Me propusieron ser editora invitada de su revista Comparative Cinema para un número con la temática de mi proyecto de investigación europeo Marie Sklodowska-Curie que se publicó en julio de 2022. Además, en 2020 y 2022 participé en el Máster de Documental de Creación de la UPF. En este contexto, se me otorga el contrato Ramón y Cajal y decido desarrollarlo en la UPF porque el grupo quiere mi incorporación y se me asegura mi estabilización. Si la UPF me hubiese dicho antes de formalizar el contrato que no estaba interesada en mi contratación, o que no iba a respetar el compromiso de estabilización, ni que decir tiene que hubiera buscado otra institución para mi contrato RyC. Este contrato de investigación, de 5 años de duración, obliga a la estabilización de los investigadores al concluir el mismo.
La UPF me entrega un compromiso de estabilización firmado por la Dirección del Departamento y el Vicerrectorado de Investigación en el que se establece el itinerario de mi estabilización, que pasa por convocar una plaza tenure-track de mi perfil, especificado en el compromiso, en diciembre de 2025, para al final de mi contrato convocar la plaza de agregado que es el contrato indefinido que cumpliría la estabilización. Yo no solicité este compromiso y tampoco lo firmé, me lo entregó la universidad para garantizar el compromiso, o eso me hicieron creer.
Me incorporé a la UPF en abril de 2024. Ese mismo mes se me notifica que he pasado al Step 2 (fase final de entrevista) de las ERC Consolidator Grants 2024. Se trata del programa de financiación europea de investigación más importante y competitivo. Es la financiación más preciada a nivel europeo, y supone mucho dinero para la entidad que acoge el proyecto. Es el mayor atractivo que puede ofrecer un investigador/a a su institución. Tanto mi grupo de investigación como mi departamento estaban muy satisfechos con la noticia, y expresaron todo su apoyo para la preparación de la entrevista. Finalmente, no consigo la financiación, hecho que se publica en noviembre de 2024. Entonces todo fueron ánimos para que reenviara mi propuesta en la siguiente convocatoria.
Sin embargo, en marzo de 2025 me llega el acta del Consejo de Departamento celebrado en diciembre de 2024, al que no pude asistir por encontrarme en un congreso en Melbourne. Descubro entonces que se ha producido un evidente agravio comparativo respecto de la investigadora Ramón y Cajal que se incorporó al Departamento cinco meses después que yo, en septiembre de 2024. El compromiso verbal al que yo había llegado con la UPF antes de incorporarme incluía precisamente que no se produjeran agravios comparativos entre las dos investigadoras que nos incorporábamos de la misma convocatoria.
Ante la información del acta, solicito una reunión con la dirección del departamento para presentar mi queja, tanto por el agravio comparativo y la absoluta falta de información al respecto, como por mi falta de integración en el departamento que esto evidencia. Se celebra online el 25 de marzo de 2025. En esa reunión se me reconoce finalmente que no se me ha integrado en el departamento, como sí se ha hecho con la otra investigadora, y se me convoca a una reunión presencial para solucionar la situación, que se celebra el 13 de mayo de 2025.
Entre ambas reuniones, contacto con el CSIC para informarme de si sería posible un traslado de mi contrato a esa institución, y en aras de la transparencia de la que he hecho gala en todo este desagradable proceso, informo a la dirección del departamento. El CSIC me responde que no hay posibilidad de traslado.
Para mi estupefacción, en la reunión del 13 de mayo de 2025 la dirección del departamento no plantea mi integración en el departamento como me había dicho, sino que me indica que cuento con la ayuda del departamento para trasladar mi contrato a otra institución, porque es muy posible que la plaza no se convoque en diciembre, como establecía el compromiso. Es decir, vete, porque no te vamos a estabilizar. Pregunto si lo que me está diciendo es que puedo acabar mi contrato sin que convoquen la plaza, y me dice que espera que no lleguemos a esa situación. Es decir, que esperan que me vaya antes. Tras la reunión, escribí nuevamente a la dirección ratificando mi voluntad de que cumplieran el compromiso y expresando mi disponibilidad para continuar la conversación al respecto. No recibí ninguna respuesta.
Busco entonces asesoramiento legal y el abogado me recomienda enviar una instancia oficial mediante sede electrónica exponiendo mi voluntad de que se cumpliese el compromiso de estabilización y se convocase la plaza, que tiene que ser aprobada por la Comisión de Profesorado del Departamento, a la que iba dirigido el escrito. Así lo hice en octubre de 2025. Al no recibir ninguna respuesta, envié ese mismo escrito de forma individualizada a los miembros de la Comisión. Tampoco recibí ninguna respuesta.
Tras tener que insistir, se me comunica que la Comisión de Profesorado se reunirá el 19 de diciembre de 2025. Solicito que se me informe de la decisión tras la reunión y se me responde que solo se hará por vía administrativa cuando se tramite la notificación. Finalmente, la recibo el 16 de enero de 2026. La Comisión de Profesorado decide no convocar la plaza alegando que no hay necesidades docentes de mi perfil, el mismo que aparecía en el compromiso de estabilización.
Jamás se me ha hablado de necesidades docentes, nunca. Iba a impartir una asignatura de máster a la que renuncié precisamente al producirse esta situación. Además, en el acuerdo verbal establecido con la UPF para mi incorporación, indiqué que no estaba interesada en dar docencia en los primeros años de mi contrato RyC y no era ningún problema para la institución. Sí acepté desde mi incorporación la dirección de dos tesis doctorales. La no necesidad docente es la excusa que las universidades alegan para la no estabilización de los investigadorxs RyC. Saben que es un elemento más de la opacidad universitaria, y que es muy difícil de explicar y demostrar su falsedad ante un juez. Por supuesto, el departamento no ha justificado esa no necesidad docente.
Tras la notificación de la Comisión de Profesorado, el 16 de enero de 2026 escribí a todxs los miembros de mi grupo de investigación informando del incumplimiento de mi contrato por parte del departamento. No recibí ninguna respuesta de lxs profesorxs de la UPF. La subdirección de investigación del Departamento, que forma parte también de la Comisión de Profesorado y de mi grupo de investigación, no me contactó ni antes ni después de la decisión, a pesar de haber recibido mi mail expresando mi voluntad de que cumplieran el compromiso. La coordinación del grupo, por su parte, decidió sacarme de la lista de mail. La omertá universitaria por respuesta. Los contratos RyC se convierten en herramientas para el abuso que dejan a lxs investigadorxs abandonadxs a su suerte, solxs ante departamentos universitarios que imponen su sectarismo.
Denuncié la situación ante el vicerrectorado, que respondió que ellxs pusieron la plaza a disposición del Departamento, y que si este no la convoca es una decisión en la que ellxs no entran. Al comité de empresa de la UPF le dieron la misma respuesta. Nadie le pide al Departamento que justifique su decisión.
Presenté recurso de alzada ante el rectorado respecto de la decisión de la Comisión de Profesorado el 12 de febrero de 2026. Se respondió el 11 de mayo de 2026 desestimando mi recurso, insistiendo en la no necesidad docente, pero sin justificarla, y por supuesto obviando las reuniones con la dirección del departamento que explicaba en mi recurso y que avalaba con comunicaciones escritas.
Es decir, inicio mi contrato en 2024 porque la UPF se compromete a estabilizarme en 2029. Un año después, tras mi queja, se me informa de que no van a hacerlo, y seis meses más tarde alegan que lo hacen porque no hay necesidad docente de mi perfil. Es decir, en un año la necesidad docente comprometida ya no existe, y añaden además que tampoco la habrá tres años y medio más tarde, cuando finalice mi contrato. Esto es un gravísimo incumplimiento de la convocatoria Ramón y Cajal que, precisamente, obliga a crear esa necesidad docente. ¿Se dedican ahora algunas universidades PÚBLICAS a engañar a lxs investigadorxs con compromisos de estabilización fraudulentos? Es imprescindible denunciar la impunidad con la que actúan. Se saben impunes gracias a la desprotección de lxs investigadorxs y, peor aún, porque dan por hecho el silencio de las víctimas, ya que denunciarlo significa crearte enemigxs y perder colaboradorxs.
¿La AEI y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) no lo consideran una situación lo suficientemente grave como para interesarse por lo ocurrido? Contacté con la Dirección de la AEI, desde que conocí la decisión de la Comisión de Profesorado, explicando la situación y solicitando su intervención. No recibí respuesta alguna a los mails en los que he ido actualizando la información sobre el proceso y rogando su intervención. Presenté una queja a la AEI al respecto el 28 de mayo. Dieron respuesta el 25 de junio, no la Dirección, sino del departamento de seguimiento del programa. Afirman que “esta Agencia no puede intervenir en las decisiones que dichas entidades adopten en relación con la contratación, condiciones laborales o política de personal vinculada a las ayudas concedidas”. “Por otro lado, debe indicarse que las posibles controversias que pudieran derivarse del contenido o cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos con la entidad empleadora, así como de las condiciones de la relación laboral, se sitúan fuera del ámbito de actuación de esta Agencia, debiendo ser planteadas, en su caso, ante la jurisdicción competente”. Es decir, la respuesta oficial de la AEI es que les da igual los abusos a los que las instituciones beneficiarias sometan a lxs investigadorxs Ramón y Cajal. La convocatoria indica que los centros están obligados a estabilizar, pero si no lo hacen, no intervienen. La AEI te dice que te vayas al juzgado a denunciar. ¿Este es el trato que el Ministerio da a lxs investigadorxs? ¿La absoluta inacción ante el incumplimiento de su programa de excelencia investigadora?
También presenté un escrito ante la Conselleria de Recerca i Universitats de Catalunya el 23 de febrero de 2026, que tiene obligación de contestar en un plazo de tres meses. No tuve respuesta. Transcurrido ese periodo, presenté una queja ante el Síndic de Greuges de Catalunya, que solicitó a la Conselleria que diera respuesta a mi escrito. La recibí el 30 de junio. Se limita a constatar lo que yo ya explicaba en mi escrito: que la Comisión de Profesorado no convocó la plaza alegando la no necesidad docente. Sobre la gravedad de esta decisión, tras todo lo explicado en mi escrito, ninguna alusión. La conselleria tampoco se interesa por la situación y simplemente repite la respuesta del vicerrectorado.
El 23 de junio asistí de forma online a los “II Encuentros del MICIU con el personal investigador”. Allí la Ministra Diana Morant dijo que el Ministerio tenía las puertas abiertas para lxs investigadorxs. Envié ese mismo día un escrito al Ministerio relatando mi caso y solicitando su intervención. El 9 de julio recibí respuesta mediante carta certificada de la Secretaría General de Investigación diciendo que no es su competencia. Ni siquiera se interesan por el caso. Estas son las puertas abiertas del ministerio.
Habría que comunicar igualmente esta situación a la Comisión Europea, cuyos Fondos Sociales Europeos también financian la convocatoria RyC 2022. Informarles de cómo esa financiación se utiliza para situar a lxs investigadorxs en situaciones laborales de indefensión y abuso.
Esta situación de desprotección y las graves consecuencias que provoca se confirmaron el 15 de julio de 2016, cuando se publicó la resolución de la concesión de los Proyectos Generación de Conocimiento 2025 y mi propuesta resultó financiada. Es decir, voy a ser IP de un proyecto de investigación nacional que concluirá en agosto de 2030, pero la UPF pretende despedirme en marzo de 2029. La AEI permite presentarse a este programa a lxs investigadorxs RyC, aunque sus proyectos concluyan después de la fecha de finalización de su contrato, precisamente porque dan por hecha la estabilización. Sin embargo, una vez más, la AEI tampoco obliga a la estabilización en este escenario. ¿Hasta dónde se puede llegar en la desprotección de lxs investigadorxs?
Además, la AEI argumenta que la tasa de estabilización «final» de lxs RyC es del 94%, y que por tanto la no estabilización es residual y no les preocupa. En mi convocatoria, ese 6% supone unos 30 investigadores. ¿La no estabilización de 30 investigadores por año les parece irrelevante? Además, en ese 94% están incluyendo a los investigadorsx a lxs que su institución no estabiliza, incumpliendo el compromiso, y se tienen que buscar un traslado que puede suponer un empeoramiento de sus condiciones laborales y vitales (traslados de residencia no deseados). Es decir, la AEI no sabe, ni le preocupa, cuál es la tasa de incumplimiento del compromiso de estabilización.
He contactado con muchxs investigadorxs RyC en estos meses. Personas a las que no estabilizaron en su momento y no se atrevieron a denunciar. Personas a las que les han dicho que no las van a estabilizar y que tampoco se atreven a contarlo, o, peor aún, que están en una situación psicológica que no les permite hacerlo. Investigadorxs que hablan contigo diciéndote que todo lo que te cuentan es confidencial porque no quieren problemas. ¿A qué está esperando la AEI y el Ministerio para poner remedio a una situación insoportable por todxs conocida? La violencia que se ejerce es brutal y la soledad abrumadora. El discurso de la AEI y del Ministerio seguirá siendo el de la defensa de lxs investigadorxs, pero la realidad es esta otra: que estamos abandonadxs a nuestra suerte, que la AEI y el Ministerio son conocedores de la situación y no intervienen, que su política es la del total abandono de sus investigadorxs.
Lourdes Monterrubio Ibáñez 